¡Esquina bajan!

“¡Paren el mundo que me quiero bajar!”

Esa estrujante frase que el recién fallecido Joaquín Salvador Lavado, mundialmente conocido como “Quino”, transmitió con chispa y humor a través de la gran Mafalda, retrata a pie y juntillas el azoro que algunos mexicanos sintieron al conocer la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara constitucional la propuesta de consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de México.

Movidos por el miedo seis de los once ministros que integran el pleno del Alto Tribunal se comportaron como bestias acorraladas pensando sólo en su supervivencia al obsequiarle al presidente Andrés Manuel López Obrador un instrumento más para avivar los odios.

Ninguno de los expresidente marchó del poder sin mancha, ninguno puede ufanarse de no terne las manos teñidas de sangre; menos aún los bolsillos vacíos, pues en los sexenios priistas y panistas florecieron sin regateos los negocios al amparo del poder público.

Muchas fortunas se improvisaron descaradamente a expensas del erario, incontables bienes nacionales se hurtaron, dilapidaron o se repartieron sin rubor entre propios y forasteros; la búsqueda del progreso material y la felicidad del pueblo se abandonó rotundamente, mientras que la autoridad moral del gobierno fue derrocada.

Para nadie es un secreto que vastas zonas del país se entregaron a las bandas del crimen organizado a cambio de jugosos sobornos, la connivencia entre capos y funcionarios responsables de la seguridad fue escandalosa, una autentica zaga de hierba, polvo, plata y plomo; en esos sexenios se convirtió al país en un cementerio, en un páramo atestado de fosas y agolpado por sollozos.

La orgía de sangre embruteció a más de uno, en esa danza del oprobio cada inquilino de Palacio Nacional, en su día, escanció con su opulenta copa una mezcla de lágrimas y muerte, amparados por la paz de los escoltas tras las verjas que resguardan los despachos del poder.

El lamentable espectáculo que ofrecieron los ministros de la Corte al resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 01/2020, nos remite de golpe a la era del “supremo” poder ejecutivo, porque el desquiciado argumento esgrimido para agasajar al actual mandatario infringe el punto tercero de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Mexicana.

Contrario a lo que aducen los obsequiosos ministros, a los mexicanos nos queda claro que el objeto integral de la petición sometida a la deliberación del pleno de la Corte es consultar al pueblo si está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y, en su caso, sancionen penalmente a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Así, el objeto de la consulta popular es contrario al texto constitucional, porque la materia que se va a consultar, a pesar de todo, implicará una grave restricción de los derechos humanos y una severa afectación a las garantías para su protección.

Este sinuoso precedente sentado por una Corte obsequiosa y temerosa condiciona la efectividad y ejecución de las normas jurídicas al resultado de un mecanismo participativo, desnaturalizando por completo su propósito y finalidad.

¿Hasta donde llegaremos en esta espiral de degradación de las instituciones con tal de satisfacer los apetitos del jefe del Poder Ejecutivo? Es un cuestionamiento social que no debe escapar a nuestras preocupaciones.

Esta horrible sensación con la que algunos nos quedamos después de ver a una corte complaciente retorciendo la ley, quebrantando las reglas de la lógica, secuestrando las palabras para pervertir su significado y auspiciando ese “concierto de inconstitucionalidades” para no caer de la gracia del presidente, movería a cualquiera, con un gramo de razón en el pensamiento, a tocar desesperadamente el timbre y gritar ¡Paren la 4T que me quiero bajar!

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