Tumba Siete

Pandemia e ignorancia

Una cosa es desconocer, otra negar lo evidente. La crisis sanitaria que sacude Oaxaca no tiene precedentes. 

El origen de esta calamidad no es -por ahora- culpa de ningún gobierno; es un virus que según los expertos alcanzo a los humanos por haber cruzado le limite. 

En nuestra codicia, hemos consumido selvas, ríos, especies, todo cuanto se nos ha puesto en frente. Ahora mismo nos apuntamos a la sien con la pistola de la ignorancia, porque aún ante la emergencia hay quienes se niegan a creer; sí, quienes urden teorías de conspiración para justificar su desenfado, para poblar las redes sociales con delirios que producen toda clases afirmaciones desafortunadas. 

Lo sucedido hoy en Santa María Jacatepec, en la Cuenca del Papaloapan, al norte del estado de Oaxaca, es muy lamentable. Ilustra a pie juntillas que nos falta mucho por aprender, que el escarmiento que nos ha tributado el coronavirus no ha sido suficiente.

Hasta el medio dia del lunes 18 de mayo, esa demarcación era considerada “municipio de la esperanza” por no registrar un solo caso de COVID-19. Por la noche, el comunicado técnico de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) echó abajo esa condición cuando sobrevino el reporte del primer caso confirmado en una persona de ochenta años, quien se encontraba hospitalizada. 

El martes siguiente el presidente municipal Víctor Raúl Hernández, a través de su cuenta en Facebook, confirmó el deceso de la persona, habitante de la agencia municipal La Joya; y en un lacónico comunicado, exhortó a la población reforzar el cuidado de la salud. La comunidad enfureció alegando que eso no era cierto.

Luego de la publicación del munícipe, la familia de la persona que presuntamente murió por COVID-19 desestimó la información, alegando que el infortunado sujeto había perecido por una complicación a causa de Salmonelosis. 

Con los supuestos resultados de laboratorio en la mano, Mario Isidro Cristóbal informó que su progenitor, Lucas Isidro Lorenzo, pereció no por Coronavirus como lo aseveraron los Servicios de Salud y el edil Víctor Raúl, sino a causa de una infección provocada por la bacteria salmonella.  

En solidaridad, unos doscientos habitantes de La Joya decidieron retener a los funcionarios que llegaron al lugar para atender la situación y fijar una fecha para una reunión con el munícipe.

Los primeros retenidos, según reportes periodísticos, fueron: Abel Bautista, secretario municipal; Lizeth García Ramón, directora de salud; Michell López Meléndez, médico municipal; Gloria Ivonne López Obrajero, médico pasante del servicio social en la Joya; y Bernardita Basilio Calleja, auxiliar del área médica de base en la Joya.

Tres policías municipales se les unieron, cuando al llegar al sitio para brindar el auxilio a los funcionarios, también fueron capturados y encarcelados junto con Jorge Ramírez Cortés, regidor de hacienda.

El agente municipal de La Joya, Avelino Lozano Cabrera, manifestó su respaldo hacia los inconformes y sentencio que apoyaría las acciones que asumiera la población, porque ésta se rige bajo el sistema de usos y costumbres.

En medio de la efervescencia, indicó que no liberarían a los detenidos hasta que el presidente diera la cara y se disculpara públicamente con la familia y el pueblo de La Joya, por la inestabilidad provocada a raíz de la publicación, que derivó en el rechazo de los pueblos vecinos quienes les han restringido el acceso. 

Precisó que con esa alerta por COVID-19, se ha trastocado al sector productivo local pues los comerciantes y trabajadores han tenido que detener sus actividades.

El 20 de mayo llego el alcalde, dialogó por varias horas con los inconformes y asintió el cambio del personal de la unidad de salud, porque una de ellas fue muy insistente con la población para que acataran las indicaciones con el propósito de evitar contagios por Coronavirus. 

Menuda tarea le echo a cuestas a las autoridades de salud, para que sean ellas las que se encarguen de convencer a quienes vayan a ser asignadas a ese sitio, sobre todo por el temor a que se repitan los hechos. 

¿Con qué derecho los habitantes de La Joya y su autoridad auxiliar desestiman el reporte de laboratorio que estipula que el infortunado sujeto dio positivo a Covid-19? ¿Con qué conocimientos una turbamulta embravecida refuta el diagnostico de los expertos? ¿Con qué autoridad se atrevieron a detener a quienes fueron a su comunidad para dialogar? 

Con qué descaro e impunidad los inconforme les quitaron los cubre bocas a esas personas bajo el argumento de que el covid-19 no existe, que es un invento del gobierno. 

Tienen derecho a creer en lo que quieran, a espetar su lóbrego obscurantismo que obnubila sus mentes, porque que para eso vivimos en una patria libre, o al menos eso nos han hecho creer; pero nada les autoriza a mantener cautivos a los trabajadores de la salud y demás servidores públicos. 

Tiene derecho a abandonar su vida en cualquier esquina, pero no a condenar la nuestra en aras de su ignorancia. 

Bien decía el semiólogo italiano Humberto Eco en su libro “De la estupidez a la locura”, publicado bajo el sello Lumen de la editorial Penguin Random House, que la psicología de la conspiración surge porque las explicaciones más evidentes de muchos hechos preocupantes no nos satisfacen, y a menudo no nos satisfacen porque nos duele aceptarlas. 

Al estado, maltrecho, vilipendiado y desprestigiado, sirva esta lección para entender que la autoridad se ejerce, no se discute.

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