Cierres de accesos en 142 municipios de Oaxaca son ilegales, advierte Secretaría de Gobernación

La Secretaría de Gobernación reportó que los estados con mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son: Campeche, con 100%, Guerrero 80%, Veracruz 36% y Oaxaca con 25%.

En total, para Oaxaca suman 142 municipios que han implementado medidas restrictivas para su ingreso.

En tanto, en 340 municipios de 15 estados del país se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia. Esto equivale al 20% de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados.

La Segob indicó que estas medidas son ilegales y violatorias de los derechos humanos aplicadas por gobiernos estatales, municipales o comunitarios en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19.

En sus «Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por COVID-19», la Secretaría de Gobernación describió, entre las principales medidas restrictivas el cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda y retenes.

Esas medidas no son competencia de autoridades locales, sólo de las federales, advirtió la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

«Los gobernadores, como autoridad sanitaria, están facultados para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, algunas acciones adoptadas, además de rebasar ese ámbito, pueden representar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos.

«La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción», aclaró la dependencia.

Por ejemplo, señaló que se ha dictado «toque de queda» en al menos 31 municipios de 11 estados: Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.

Además, Sonora, Michoacán y Jalisco decretaron aislamiento obligatorio y establecieron multas, arrestos y trabajo comunitario a quien incumpla.

En un país donde la mitad de la población trabaja en el sector informal y alrededor del 42% vive en la pobreza, estas medidas no son eficaces, sino severas y desproporcionadas, señaló.

Advirtió que si un servidor público causa dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona puede constituir el delito de tortura, por lo que esto está prohibido.

Sin embargo, ejemplificó que en Teloloapan, Guerrero, la policía comunitaria golpeó a jóvenes por no quedarse en casa.

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